NOTA al Poder Judicial de la Provincia de La Pampa

Santa Rosa, 4 de Agosto de 2008

Al Poder Judicial de la Provincia de La Pampa

Por medio de la presente, el Foro de Trabajadores de la Cultura de la Provincia de La Pampa se dirige a usted a fin de transmitirle la inquietud y expectativa respecto de la causa judicial en que aparecen involucrados –como sospechosos de haber cometido delitos– el ex intendente Juan Carlos Tierno y los miembros del que fue su gabinete mientras duró la gestión municipal.
Consideramos imperioso que exista una resolución con celeridad, a fin de aventar sospechas y suspicacias respecto del comportamiento del Poder Judicial y sus integrantes.
Por lo tanto, creemos necesario hacer saber que sería de suma utilidad para el sistema democrático y republicano que nos rige –y que establece la independencia de poderes– que antes de las próximas elecciones, previstas para el 31 de agosto, se resuelva si, prima facie, Tierno y los que han conformado su entorno cometieron algún delito en el ejercicio de la función.
Los ciudadanos tenemos derecho a saber, al momento de votar, si los candidatos a ejercer la Intendencia tienen antecedentes que merecen reproche. Sobre todo porque la Ley Orgánica de Municipalidades establece claramente en su artículo 16 que es incompatible el ejercicio del cargo de Intendente con un procesamiento por delito doloso con resolución firme al momento de asumir.
Durante los 87 días en que Tierno ejerció el cargo de intendente cometió diversos atropellos, abusos e ilegitimidades; avasalló derechos ciudadanos, puso en peligro la convivencia de los santarroseños, impidió el paso de la ciudadanía a la sesión inaugural del Concejo Deliberante, implementó normas municipales pasando por encima de las normativas vigentes, actuó a espaldas del poder legislativo municipal, designó a dedo un nuevo Juez de Faltas y dejó las arcas públicas en un inédito estado de desorden. A tal punto que el comisionado interventor describió la situación del municipio como un “virtual concurso preventivo”.
Los hechos del 1 de marzo pudieron haber resultado una tragedia, cuando una Policía descontrolada reprimió innecesaria y violentamente a los ciudadanos manifestantes.
Frente a esa batería de excesos y arbitrariedades, la respuesta de los ciudadanos fue ejemplar: con paciencia y en paz, movilizaciones populares históricas, inéditas en nuestra provincia por la magnitud y la diversidad de sectores que salieron a las calles, aguardaron el momento de los remedios institucionales previstos en la Constitución.
Eso ocurrió cuando el gobierno provincial dictó la intervención. El ex intendente fue acusado por el gobernador de la provincia de haber vulnerado la Constitución Provincial y la Ley Orgánica de Municipalidades. También la Legislatura provincial, con el unánime voto de los diputados presentes, interpretó que el ex intendente había incurrido en esas violaciones.
El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo ya se han expedido al respecto. Pero falta aún conocer la palabra del Poder Judicial.
Contribuye a la perturbación el insólito hecho de que el mismo sujeto que generó en la ciudad el desorden y la inseguridad, vuelve a ser candidato a ocupar el mismo puesto. Ante el actual estado de cosas, los ciudadanos estamos desconcertados y precisamos de la indepedencia, el rigor y la celeridad del Poder Judicial.
Sería dañino para todos –para el sistema democrático en especial y para la imagen del Poder Judicial en particular– que una vez más triunfe la sensación de arbitrariedad y negligencia, sobre todo cuando se trata de un sujeto cuyo pasado ya está poblado de denuncias que quedaron en la impunidad.
Necesitamos que la Justicia determine si los comportamientos violentos y las conductas irritantes que pusieron en peligro la convivencia –y que consideramos fueron el intento de instaurar un régimen fascista en la ciudad capital de la provincia– constituyen un delito.
De lo contrario, el Poder Judicial también habrá contribuido a que una porción importante de la población se sienta desamparada y desprotegida al momento de ejercer sus derechos más elementales.
En ese contexto, creemos imprescindible que la Justicia se expida –al menos en primera instancia– respecto de las causas que están pendientes y en las que el ex intendente aparece como sospechoso.
Por lo tanto, con el ejercicio de nuestro derecho a peticionar a las autoridades, solicitamos una diligente resolución de la causa judicial ya mencionada a fin de que se ahuyenten las sospechas respecto de un oportunismo político en la toma de decisiones, y con el fin último de que se haga Justicia.
Sin más que agregar, saludamos a Ud. atte.:


Foro de Trabajadores de la Cultura